Blog Inaugural de la página web de la FECAJUD- Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados

Diego García-Sayán

Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Jueces y Abogados

El trabajo que realiza la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJUD) es de enorme significado y relevancia para la independencia judicial y la integridad en la labor jurisdiccional en Centroamérica. En vista de la alarmante situación que impera en la región en esta materia, son fundamentales los esfuerzos que impulsa la Federación para visibilizar y denunciar ataques la independencia judicial así como para generar diálogo e impulsar iniciativas que permitan fortalecer a jueces y juezas independientes.

En este sentido, expreso mi reconocimiento al liderazgo de las asociaciones y valientes juezas y jueces que integran la Federación, en búsqueda continua de la defensa del orden jurídico constitucional de sus países incluyendo una perspectiva internacional.

Las actividades de la FECAJUD, reiniciadas con el lanzamiento de este espacio, así como los eventos, reportes, seminarios, y congresos regionales, llevan consigo la reafirmación de los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura de 1985 y acogen y promueven las recomendaciones emitidas por distintos mandatos de las Naciones Unidas que contribuyen, cada cual en su ámbito, a fortalecer la independencia judicial.

Entre los 20 principios rectores destacan los siguientes, los que son todos relevantes para cada uno de los países representados en la Federación: (i) garantías de los jueces a la libertad de expresión, creencia, asociación y reunión; (ii) estándares para determinar sus competencias profesionales, de selección y de formación para ocupar el cargo; (iii) condiciones de servicio e inamovilidad; (iv) el deber de guardar el secreto profesional y la garantía de inmunidad, y; (v) medidas disciplinarias, de suspensión y remoción del cargo.

En este espacio y dentro de estos principios, destaco brevemente tres temas fundamentales.

Primero, mi preocupación, ya expresada en diversas ocasiones, sobre las vulneraciones a la independencia judicial en lo relacionado con la indebida influencia de los poderes legislativo y ejecutivo. De acuerdo a la información recibida en mi despacho muchas de ellas tienen relación con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica de El Salvador para remover arbitrariamente del cargo a jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio. He llamado públicamente a las autoridades competentes a respetar el principio de la separación de poderes y la independencia judicial, así como el de inamovilidad dentro del desarrollo de la carrera judicial.

Reitero la preocupación de que una jubilación anticipada, como la establecida sin mayor debate en El Salvador,  “constituya un derecho de las personas operadoras de justicia y no una imposición, en respeto a las garantías de estabilidad y permanencia en el cargo con la cual deben contar como aspecto fundamental a su independencia y derecho de acceso a la justicia de las personas bajo su jurisdicción”.[1]

A su vez, he recibido información sobre cambios de adscripción de juezas y jueces en el mismo país. Al respecto, reitero lo ya dicho al respecto en el sentido de que “las transferencias y rotaciones no deben decidirse de manera arbitraria, sino responder exclusivamente a criterios objetivos y ofrecer una oportunidad para la impugnación de dichas medidas. En caso contrario, podrían caracterizar sanciones encubiertas como represalia a sus decisiones o amedrentamiento para el desempeño independiente de sus labores.”[2] Ambos problemas reflejan una injerencia indebida de los demás poderes en el desarrollo de las funciones jurisdiccionales.

Segundo, he observado con preocupación los continuos ataques, amenazas e intimidaciones contra la independencia de juezas y jueces en la región como ejercicio de amedrentamiento o violencia con motivo del desempeño de sus funciones. En este espacio, y como lo he hecho antes, me refiero particularmente al caso de la ex jueza guatemalteca Erika Aifán, que tuvo que salir del país dado el nivel de amenazas a su persona y a su independencia judicial. Más recientemente, ha habido amenazas públicas en contra del juez guatemalteco Miguel Ángel Galvez por su criterio en el caso “Diario Militar”. Las diligencias de antejuicio injustificadas en contra de jueces y magistrados por sus resoluciones violan estándares internacionales. Quienes imparten justicia, en particular aquellas personas que han permanecido independientes en el desempeño de su función judicial deben ser protegidas y su labor garantizada para que puedan continuar con sus labores.

A los órganos de los Estados, incluyendo la Corte Suprema, les corresponde velar por esa protección y que solicitudes de antejuicio infundadas que buscan presionar a quienes imparten justicia no prosperen. En un Estado de derecho es vital garantizar que quienes imparten justicia realicen sus funciones libres de influencias, amenazas, o intromisiones indebidas en la adopción de sus decisiones. Celebro, por ello, los esfuerzos que la FECAJUD, en ejercicio de la libertad de asociación, realiza para proteger a sus integrantes.

Un tercer tema que resalto brevemente es el nombre de esta FECAJUD, reconociendo e integrando la participación de las mujeres en la judicatura. Mi informe titulado “Participación de la Mujer en la Administración de Justicia” número A/76/142[3] presentado el año pasado a la Asamblea General de Naciones Unidas aborda algunas carencias graves en materia de igualdad de género, examina con detenimiento el estado de la representación de la mujer en los sistemas judiciales, especialmente en sus altas Cortes, e identifica las barreras que limitan el acceso adecuado al órgano judicial y sus servicios. Celebro ver que los esfuerzos de esta asociación de asociaciones se llevarán a cabo con una perspectiva de género. Como Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Jueces y Abogados, continuaré pendiente de las actividades de la FECAJUD y de los esfuerzos para frenar el constante menoscabo de laindependencia judicial en Centroamérica. Finalmente, aprovecho el espacio para reconocer el apoyo del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York a la FECAJUD como una respuesta importante que activa a la comunidad jurídica regional en apoyo de la independencia judicial.


[1] https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/234.asp

[2] https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/234.asp

[3] https://independence-judges-lawyers.org/es/reports/participacion-de-la-mujer-en-la-administracion-de-la-justicia-13-de-octubre-de-2021/

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