Evelyn Villarreal Fernández
Coordinadora Informa Estado de la Justicia – Costa Rica
“Camina solo e irás más rápido, camina acompañado y llegarás más lejos”
(refrán popular anónimo)
La caída de la confianza ciudadana en los poderes judiciales de la región latinoamericana es uno de los indicadores más peligrosos para la estabilidad democrática y el Estado de Derecho. En los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), el sistema de justicia tiene una confianza promedio del 57% (OECD, 2022), en América Latina baja a 26%, en donde también una amplia mayoría considera el acceso a la justicia injusto o muy injusto (80%) (Latinobarómetro, 2020.
El modelo denominado Justicia Abierta (JA) tiene el potencial de recuperar la confianza en el sistema judicial y retomar la idea de ubicar en el centro del servicio a la persona usuaria. En la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (2016) se establece que la Justicia Abierta consiste la “implementación de un conjunto de mecanismos y estrategias que componen un paradigma de gobernanza pública para la justicia, basado en los principios de transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación y colaboración, e innovación y uso intensivo de nuevas tecnologías”.
Figura 1. Tres principios básicos de la Justicia Abierta (JA)
La JA apuesta por un mayor involucramiento de la ciudadanía, desde más información disponible hasta una incidencia efectiva en políticas institucionales. Es la reinvindicación de estos derechos ciudadanos pues la apertura no ha sido la costumbre en los poderes judiciales.
La Red Mundial de Integridad Judicial , Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA) y la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) son plataformas que contienen múltiples buenas prácticas, las cuales comprueban la relación virtuosa entre transparencia y legitimidad de las cortes. A continuación presentaré dos áreas en las cuales JA conlleva un beneficio directo, con algunos ejemplos puntuales -mejorables- desde la experiencia costarricense.
En primer lugar, con el modelo de JA la gestión institucional y el gobierno judicial se enriquecen con diversas fuentes de información y perspectivas de especialistas y ciudadanía, para que los y las jerarcas tomen decisiones con base en las necesidades y la evidencia proporcionada, y se sometan a la revisión objetiva de sus resultados, todo lo cual sería imposible por sí solos. Se disminuye el riesgo de ocurrencias y cooptación de intereses privados en el gobierno judicial. Varios ejemplos de comisiones mixtas creadas en el Poder Judicial costarricense son la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), la Comisión Integral de Calidad y Acreditación (GICA), la Comisión de Justicia Abierta, todas las cuales procuran el involucramiento activo de otras instituciones, ciudadanía y organizaciones. Hoy en día su impacto se ve limitado por la escasez de recursos y voluntad política y, además, la normativa interna, por ejemplo, se restringe el derecho al voto dentro de estas comisiones exclusivamente para personas magistradas.
En segundo lugar, uno de los beneficios de la JA es combatir la desinformación. La mayor transparencia permitirá que las personas tengan conocimiento de qué se está haciendo, cómo se gastan los recursos de la institución y cuál es su respuesta para los casos que tramita, y con ello mejores capacidades para ejercer sus derechos y buscar soluciones legales en igualdad de condiciones. A manera de ejemplos se puede citar los datos muy detallados presentados en el Observatorio Judicial, y el esfuerzo del Manual de lenguaje claro indispensable para mejorar la comunicación. El Informe Estado de la Justicia es otra práctica que hasta el 2022 fue promovida por la Corte Suprema en convenio con el Programa Estado de la Nación, en el cual, por la vía de la investigación académica, se coadyuva en los esfuerzos del Poder Judicial, con respecto a la necesidad de que la información objetiva y robusta pueda llegar hasta la ciudadanía.
Los ejemplos puntuales demuestran que sí es posible, existen mecanismos y esperanzas de participar. Aún incipiente, la JA fortalece a los poderes judiciales al democratizar la información, potenciar la participación ciudadana, articular la colaboración entre actores y fomentar la transparencia y probidad. No es la panacea para todos los retos que enfrenta la justicia, pero es la fórmula para mejorar en y con más democracia.