Catalina Kühne Peimbert
Introducción
La independencia judicial es un principio fundamental en cualquier sistema democrático. En México este principio es reconocido y protegido por la Constitución y las leyes. 1 Es definida como “uno de los presupuestos esenciales para el funcionamiento del Poder Judicial. Se trata de una garantía instaurada para impedir injerencias de los otros poderes en la resolución de los litigios sometidos a su conocimiento.” 2 Así es que las y los jueces deben tener garantizadas ciertas condiciones mínimas que le
permitan emitir sus resoluciones libremente, como son: la selección y el nombramiento; la inamovilidad y remuneración; la autonomía financiera y administrativa, entre otras. Aunque es sabido que estas garantías iniciales no siempre se cumplen en los países latinoamericanos, problema del que México no es excepción, en esta ocasión quisiera plantear la forma en que un fenómeno que se da de manera posterior a la sentencia – acto a partir del cual las personas juzgadoras materializan el ejercicio definitivo de su función –y desgraciadamente va convirtiéndose en una práctica común, mina la independencia del Poder Judicial. Me refiero al desacato.
Desacato de las resoluciones judiciales
El desacato a las resoluciones judiciales según la ley mexicana 3 , se refiere a la negativa o el incumplimiento deliberado de las órdenes o decisiones emitidas por un tribunal o un juez. Es una infracción grave que tiene consecuencias legales para quienes lo cometen, que pueden variar dependiendo de la jurisdicción y la naturaleza de la resolución judicial desacatada. Por ejemplo, la Ley de Amparo establece 4 para el delito de desacato a una sentencia de amparo penas de prisión, multas, inhabilitación, o incluso cárcel para quien no cumple con la orden judicial.
Sin embargo, cada día nos enfrentamos a más casos de desacato. Esto puede deberse a varios factores. Desde estratagemas de la parte perdedora para retrasar el resultado del juicio, hasta falta de recursos o información, corrupción e impunidad. En el caso del incumplimiento de sentencias de amparo, el problema del desacato se vuelve más serio, porque el tribunal determina que los derechos de la persona se han visto vulnerados y, por lo tanto, emite una resolución legal a la autoridad reclamada para restaurar o preservar esos derechos. No cumplir con lo dictado por estas sentencias, no solo desafía la autoridad del sistema judicial, sino que también socava su independencia.
Impacto del desacato en la Independencia Judicial La principal garantía de la independencia judicial es la división de poderes, esta resulta esencial para que el Poder Judicial ejerza un contrapeso efectivo frente a los otros poderes del Estado. Las y los jueces pueden revisar la legalidad de las acciones del ejecutivo y del legislativo, asegurando que se ajusten a la Constitución y a las leyes. Este principio queda vacío de contenido, cuando al emitir una sentencia no favorable a los poderes del Estado,
éstos la ignoran o de plano, deciden no cumplirla. Así, el desacato de las resoluciones judiciales puede tener un impacto significativo en la independencia judicial. Cuando las autoridades o individuos ignoran o incumplen las sentencias, están desafiando no solo la autoridad de las y los juzgadores, sino la lógica que mantiene cohesionado a un Estado democrático de Derecho. Finalmente, la prevalencia de este fenómeno puede disminuir la confianza de la sociedad en la capacidad del Poder
Judicial para administrar justicia de manera imparcial y efectiva. La independencia judicial es esencial para garantizar un Estado de Derecho. Un modelo de gobierno en el que la prevalencia de los Derechos Humanos, la división de poderes y la igualdad ante la ley no sea un discurso, sino una serie de principios protegidos de manera efectiva por un Poder Judicial independiente, que cumple con su función y hace cumplir las leyes a través de sus resoluciones.
Es por ello que considero necesario reflexionar sobre la independencia judicial no solo respecto de las garantías de las y los juzgadores hacia el interior de las organizaciones jurisdiccionales, sino respecto de un entramado más amplio que contemple el cumplimiento y efectividad de sus resoluciones.
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1 El artículo 103 Constitucional, establece la independencia del Poder Judicial de la Federación; el artículo 94
establece la autonomía del Consejo de la Judicatura Federal y el artículo 97 establece la Suprema Corte de
Justicia de la Nación como el máximo tribunal de México y garantiza su independencia. También
encontramos menciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Federal de
Procedimientos Penales y varios más.
2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, La INDEPENDENCIA del Poder Judicial de la Federación,
primera edición, La independencia del Poder Judicial de la Federación (scjn.gob.mx)
3 En México, el desacato a las resoluciones judiciales y sus consecuencias están principalmente regulados en
el Código Penal Federal, específicamente en el Título V, «Delitos contra la Administración de Justicia». En
este título se establecen los tipos de conductas que se consideran desacato a las resoluciones judiciales y las
sanciones correspondientes. Es importante tener en cuenta que el desacato a las resoluciones judiciales
también puede estar regulado por leyes estatales, dependiendo de la jurisdicción y la naturaleza del caso. Por
lo tanto, las leyes estatales pueden contener disposiciones adicionales.
4 Artículo 267, Ley de Amparo. LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DOF 7-06-2021
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf